Ordena Maru Campos atender delito de secuestro en Juárez de manera urgente
Ante los casos de secuestro que se han registrado en la ciudad, la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, ordenó atender de manera urgente este delito, mediante la implementación de mesas de diálogo interinstitucionales.
Esto durante la reunión mensual que se llevó a cabo la mañana del viernes en las instalaciones del C7 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Ciudad Juárez, como parte de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Ante tal ordenamiento, se acordó establecer un canal de diálogo y acción entre los tres órdenes de Gobierno, para atender de manera coordinada y prioritaria este delito, que no se había presentado durante años en esta frontera.
En la reunión estuvo presente el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno; el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, y mandos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Por su parte, los representantes de los distintos cuerpos de seguridad se comprometieron a garantizar la paz y tranquilidad tanto de personas en situación de movilidad, como de comerciantes, empresariosy la ciudadanía en general.
Maru subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre las diversas instituciones, especialmente en Juárez, para enfrentar este fenómeno con estrategias conjuntas, seguimiento puntualy resultados claros que brinden certidumbre a la ciudadanía.
De acuerdo con datos compartidos por las mismas autoridades, tan solo de enero a mayo han sido detenidas más de 60 personas por su probable responsabilidad en la comisión de secuestros extorsivos.
Esto, a su vez, derivó en la desarticulación de 16 bandas que se encontraban operando y que, a decir de la SSPE, la mayoría de sus integrantes son jóvenes que desconocen las penas que podrían enfrentar por este delito. A su vez, destacaron que actualmente en la entidad, los secuestradores o quienes privan de la libertad a alguna persona enfrentan una pena de mínimo 50 años en prisión.