PRI respalda a Maru Campos ante señalamientos de presuntas amenazas y persecución federal
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, consideró que existe una presión “desmedida” del Gobierno Federal hacia la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, luego de que la mandataria estatal denunciara haber recibido presuntas amenazas por parte de la Federación.
De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, habría recibido oficios en los que se le amenazaba tanto a ella como a algunos de sus familiares. Además, afirmó que existía la posibilidad de que el expediente relacionado con el denominado “Caso Chihuahua” fuera retomado, luego de haber sido archivado temporalmente ante el respaldo que recibió de la ciudadanía.
Domínguez sostuvo que, desde su perspectiva, existe un escenario de presión y persecución constante contra el Gobierno del Estado, particularmente en asuntos que involucran a autoridades estatales y federales.
“Yo soy muy claro. Insisto, debido proceso, cuidado de las leyes, cuidado de los procedimientos”, expresó el dirigente priista.
Al referirse a la posibilidad de una persecución contra la gobernadora, Domínguez señaló que esta podría implicar, entre otras situaciones, la presentación de acusaciones sin sustento jurídico, así como el uso de pruebas o cargos que no correspondan con los hechos.
En este sentido, vinculó sus declaraciones con las investigaciones relacionadas con el denominado “caso del narcolaboratorio”, asunto en el que interviene la Fiscalía General de la República (FGR) y que ha sido mencionado por la propia gobernadora al referirse a una presunta presión por parte del Gobierno Federal.
“Me parece a mí que eso es lo que está pasando en el tema del caso del narcolaboratorio, que es los temas que trae la gobernadora en la Fiscalía General de la República”, afirmó.
No obstante, el dirigente estatal del PRI señaló que, ante cualquier señalamiento de amenazas o persecución, es necesario que los hechos sean acreditados y puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes.
“Si la gobernadora se ve acosada, se ve perseguida por parte del Gobierno de la República, hay que hacerlo del conocimiento con pruebas y desde luego con los hechos muy claros de por qué ella señala la persecución”, manifestó.
Domínguez insistió en que cualquier procedimiento que involucre a la mandataria estatal debe desarrollarse conforme a las normas jurídicas correspondientes y con respeto al debido proceso, independientemente de las diferencias políticas existentes entre los gobiernos estatal y federal.