Primero perdemos Toyota, luego el país: Maru alerta por impacto económico por decisiones del Gobierno Federal
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (Maru Campos), emitió un posicionamiento en el que expresó su preocupación por las consecuencias económicas y políticas que, afirmó, enfrenta México debido a decisiones del Gobierno Federal relacionadas con el Estado de derecho y la rendición de cuentas de funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos.
La mandataria estatal sostuvo que semanas atrás advirtió sobre los riesgos que implicaría, según dijo, mantener una política de protección hacia gobernantes investigados por la justicia estadounidense, y aseguró que esos riesgos ya comenzaron a materializarse.
En ese contexto, afirmó que Estados Unidos no renovó el Tratado de Libre Comercio en los términos anteriores y que México permanecerá bajo un esquema de revisión anual, situación que, aseguró, genera incertidumbre para la inversión.
Como ejemplo de esa pérdida de confianza, Maru Campos señaló que la empresa automotriz Toyota trasladará producción de Tijuana a Texas, lo que, dijo, representa el inicio de una salida gradual de empleos y capitales que podría afectar a entidades con vocación exportadora, como Chihuahua.
“Ya llegó la primera factura: la automotriz Toyota anunció que traslada su producción de Tijuana a Texas. Sí, están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación”, expresó.
La gobernadora añadió que algunas voces buscan minimizar el caso de Toyota al señalar que el cambio será gradual; sin embargo, sostuvo que “la pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país”.
Asimismo, afirmó que “el capital huye de donde el Estado de derecho se negocia. Y en México, hoy, la 4T negocia la ley”, reiterando que la pérdida de confianza ocurre de manera progresiva.
La mandataria vinculó este escenario con lo que calificó como un deterioro del Estado de derecho en México y acusó al Gobierno Federal de privilegiar intereses políticos sobre la aplicación de la ley.
En particular, hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que continúa sin rendir cuentas y cuestionó que, pese a las investigaciones y señalamientos públicos, no existan avances en el caso.
Asimismo, mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra el mandatario sinaloense, decisión que, a su juicio, representa una protección política.
Maru Campos sostuvo que esta situación afecta la confianza de los inversionistas, reduce la competitividad del país y termina impactando a millones de familias mexicanas.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para que, dijo, garantice que las personas señaladas enfrenten la justicia y priorice el interés nacional por encima de los intereses partidistas.
También convocó a la ciudadanía a mantener vigente el debate público sobre estos temas y reiteró sus cuestionamientos respecto a la situación de Rubén Rocha Moya y a la actuación de las autoridades federales.